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Cuba – la vivienda, las leyes y el hombre

Cuba: la vivienda, las leyes y el hombre
DIMAS CASTELLANOS | La Habana | 5 Ago 2015 – 9:20 am.

La nueva política habitacional tiene que basarse en la combinación
armónica entre intereses individuales y sociales, entre Estado y sociedad.

El pasado 15 de julio se informó en el V Periodo Ordinario de Sesiones
de la Asamblea Nacional del Poder Popular que el PIB creció en 4,7% en
el primer semestre del año. Sin embargo, se supo que dentro del sector
de la construcción, el cual creció en 8,7%, solo se edificarán unas 30
mil viviendas durante todo el año; una cifra que agudizará la crisis
habitacional en Cuba.

En la primera mitad del siglo pasado las necesidades de vivienda se
satisfacían mediante el arrendamiento, la construcción y la compra. La
renta, en dependencia de la calidad, el lugar y la dimensión, podía
pagarse en la mayoría de los lugares con el 10% del salario. La compra
podía realizarse a empresas como la FHA (institución crediticia que
realizaba las operaciones bancarias con el Banco Pujol), que construían
viviendas para trabajadores y clase media en repartos residenciales. Los
que recibían un salario mensual aproximado de 100 pesos podían solicitar
un crédito con un 20% de interés amortizable en varios años. Los que
tenían mayor solvencia podían realizar la compra directa. En 1949 una
casa de mampostería, placa, piso de mosaicos o de terrazo, dos cuartos,
baño intercalado, sala, comedor, cocina, portal y patio, como las que
sorteaba la revista Resumen, costaba unos 4.000 pesos. Y en pueblos del
interior, una casa de madera, techo de tejas, piso de cemento, baño y un
cuarto, se podía adquirir hasta con 1.000 pesos.

El Gobierno que asumió el poder en 1959, ignorando esa experiencia, se
propuso resolver el déficit habitacional existente en aquel momento. Con
el lenguaje militar que caracterizó cada tarea, se emprendió la “batalla
por la vivienda” mediante una secuencia de planes. El primero de 1960 a
1970 intentó construir 32.000 apartamentos anuales, pero no rebasó los
11.000 como promedio. El segundo de 1971 a 1980 subió la meta a 38.000
anuales, pero a duras penas llegó a las 17.000. Para recuperar lo dejado
de producir, a partir de 1981 se planteó edificar 100.000 anuales, pero
durante 25 años no sobrepasó las 40.000.

En el año 2005, cuando se sabía que el 43% del fondo habitacional estaba
en “regular y mal estado”; que hasta abril de ese año la “falta de
liquidez” había impedido resolver 15.889 derrumbes totales y 12.563
parciales; después del paso de cuatro huracanes (Michelle, 2001; Charley
e Iván, 2004; Dennis, 2005), Carlos Lage, entonces secretario ejecutivo
del Consejo de Ministros, anunció que a partir de 2006 se iban a
construir y terminar “no menos de 100.000 viviendas nuevas por año”.

En el 2006 se incumplió; en el 2007 se dijo que de las 100.000 se
construirán sólo 52.000. El descenso fue acelerado por otros cuatro
huracanes (Fay, Hanna, Gustav e Ike, 2008) que afectaron alrededor de
medio millón de hogares. En 2008, según la Oficina Nacional de
Estadísticas se construyeron cerca de 45.000; en 2009 la cifra fue de
unas 34.000; en 2012 fueron algo más de 32.000; y en el año 2013 no se
llegó a 26.000 viviendas.

Un cálculo conservador de los incumplimientos en los diversos planes
gubernamentales arroja un déficit de aproximadamente millón y medio de
viviendas, que construyendo a un ritmo de 100.000 anuales se requerirían
unos 15 años para suplir el déficit. Pero al ritmo de 30.000 —que es el
estimado del año 2015— se necesitarían 50 años. Y si a ello se unen las
nuevas necesidades y los continuos derrumbes, entonces se requeriría
aproximadamente de un siglo.

Leyes y más leyes

— La Ley de Reforma Urbana dictada en 1960 confiscó todas las viviendas
arrendadas, con excepción de las habitadas por sus propietarios y
prohibió la compraventa y la hipoteca.

— La Ley General de la Vivienda promulgada en 1984 autorizó la
“transferencia de la propiedad”, pero los “propietarios” no podían
vender, arrendar, permutar o alojar libremente a quien consideraran.
Los cubanos pasaron a ser propietarios sin propiedad.

— Una segunda Ley General de la Vivienda, encaminada a reordenar las
regulaciones anteriores, propiciar la solución del déficit habitacional
y fortalecer el control estatal sobre las operaciones, fue aprobada en 1988.

— El Decreto-ley 211, de julio de 2000, reguló las construcciones que
entonces florecían por doquier y los trámites de permuta. Este decreto
contemplaba inspecciones físicas en los inmuebles y exigía autorización
para realizar permutas, algo que había sido permitido por la Ley General
de 1988.

— El Decreto-ley, de febrero de 2001, otorgó al Instituto de la Vivienda
poder para eliminar la compraventa entre particulares y otorgó a las
entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación.

— Finalmente, el Decreto-Ley 288 de 2011, restableció y reguló la
compraventa de viviendas. Ahora los propietarios pueden permutar, donar,
adjudicar o vender su casa a otros cubanos y las viviendas de cubanos
que abandonen definitivamente la propiedad se traspasa a los
copropietarios o a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

El recuento abreviado de las legislaciones dictadas en el último medio
siglo traza el giro de la desaparición del propietario y del control
absoluto e incapacidad del Estado, con un impacto negativo en el interés
por el mantenimiento de inmuebles que no eran suyos. Ese medio siglo de
propietarios sin propiedad explica en buena medida el deterioro
habitacional que se manifiesta en los derrumbes cotidianos,
particularmente en La Habana. Dos ejemplos bastan para ilustrarlo.

1) El 5 de diciembre de 2001, el edificio de cinco plantas situado en la
calle Águila 558, en Centro Habana, que desde 1994 y durante 18 años
sufrió cuatro derrumbes parciales hasta su desplome definitivo, dejando
el doloroso saldo de seis muertos y varios heridos. El derrumbe afectó
al edificio colindante, lo que provocó que sus ocupantes lo abandonaran
inmediatamente, pues algunos de ellos, que habían sufrido un proceso
similar diez años antes, estaban ubicados provisionalmente en el
edificio inmediato al desplomado.

2) El 15 de julio de 2015, el mismo día que Marino Murillo informaba en
la Asamblea Nacional la construcción de 30.000 viviendas para el año en
curso, el edificio ubicado en la calle Habana 409, en La Habana Vieja,
se derrumbó con un saldo de cuatro muertos (un niño, dos jóvenes, una
anciana) y tres heridos.

En los 15 años que separan esos dos trágicos derrumbes, entre los
huracanes que azotaron el país, las lluvias, el envejecimiento la falta
de mantenimiento e insuficiencia de los salarios para acometer
reparaciones, cientos de miles de hogares desaparecieron, muchas veces
con pérdida de vidas humanas.

Y el hombre

La desmovilización ciudadana ocupa el primer lugar entre las causas de
la actual crisis habitacional. Como las viviendas la empezaron a
construir los hombres antes del surgimiento del Estado, se impone ubicar
al ser humano —al margen de criterios políticos o ideológicos— en
primer lugar y desde esa ubicación acometer la solución de la crisis.
Algo que desde hace mucho tiempo los ingleses lo condensaron en una
sucinta frase: “No se puede tratar con la gente y sus viviendas por
separado”.

La experiencia nacional y foránea enseña que sin la participación activa
de la ciudadanía es imposible la salida de la crisis. Se impone, pues,
la creación de pequeñas y medianas empresas privadas o cooperativas de
materiales de construcción, de reparaciones, de venta de materiales, de
transporte y de financiamiento alternativo. La nueva política
habitacional que la sociedad cubana requiere tiene que basarse en la
combinación armónica entre intereses individuales y sociales, entre
Estado y sociedad.

La disyuntiva está en que el Estado promueva y respete la autonomía y
las libertades que propicien la participación civil de forma paralela y
subsidiaria, o el Estado se ocupa de todo y con ello paraliza la
potencialidad ciudadana hasta que la vivienda desemboque en tragedia
nacional.

En la recién finalizada sesión de la Asamblea Nacional, el presidente
Raúl Castro planteó: “Entre las principales tareas llevadas a cabo en
interés de la actualización del modelo económico y social se encuentra
la elaboración de la conceptualización teórica del socialismo en Cuba”.

Si dicha conceptualización insiste en fortalecer el papel de la empresa
estatal y conservar el sistema de planificación socialista como vías
principales para la dirección de la economía; en encargar al
cuentapropismo y al “cooperativismo” solo las actividades secundarias,
entonces la conceptualización pasará a engrosar la abultada lista de
fracasos. En su lugar se impone reconocer el camino equivocado y
proceder a devolver las libertades confiscadas para que los cubanos
puedan formar pequeñas y medianas empresas y convertirse en empresarios
y trabajadores libres en su país.

Source: Cuba: la vivienda, las leyes y el hombre | Diario de Cuba –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1438628244_16109.html

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