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Un canto de sirenas

REFORMAS ECONÓMICAS

Un canto de sirenas
ERNESTO GUTIÉRREZ TAMARGO | Madrid | 11 Jun 2014 – 8:43 am

Con la nueva Ley de Inversión Extranjera el castrismo pretende crear un
capitalismo de Estado cerrado a los nacionales. La moneda y el pasaporte
seguirán definiendo a la persona y al empresario.

La nueva Ley de Inversión Extranjera en Cuba, aprobada y publicada por
la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 29 de Marzo de 2014,
que entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República, y que sustituye la anterior Ley 77/1995 de
igual denominación, intenta cambiarlo todo —aparentemente— para que, en
el fondo, nada cambie o todo siga igual. Vuelve a fomentar un apartheid
discriminatorio entre los inversores extranjeros, premiados y
privilegiados, en detrimento y exclusión de los inversores nacionales de
la Isla, preteridos y estigmatizados del nuevo marco empresarial. Y algo
que no escapa a navegantes curtidos en aguas del estrecho de la Florida:
la Ley es un canto de sirenas a los inversores cubanoamericanos, o
cubanos residentes en el exterior, para que no pierdan el tren
oportunista de una apertura que les posicionaría, estratégicamente, como
inversores en su país de origen para que todo quede bien atado, cuando
todo cambie.

Ante una posible —y ya notoria— debacle del subsidio venezolano de
hidrocarburos a la Isla, que de momento se garantiza pero que no será
perenne si cae Maduro/Cabello, o, un enfriamiento o colapso de los
recursos financieros dimanantes de la crisis económica venezolana que
impida el retorno de divisas a Cuba, la Ley 188/2014 es un órdago
legislativo de efecto “llamada” en toda regla para afianzar una
“economía de mercado tutelada” hacia un modelo de capitalismo de Estado,
donde tengan preponderancia tres aspectos básicos y novedosos: a) El
empresario extranjero podrá tomar el control del 100% de la inversión en
bienes nacionales cubanos (sin que sea imperativa la figura de la otrora
“empresa mixta”); b) El empresario extranjero inversor tendrá una mejor
consideración fiscal/tributaria sobre los rendimientos de su capital; y
c) El empresario extranjero inversor podría ser, “sotto-voce”, de origen
cubanoamericano o cubano residente en el exterior, ya que la ley ni
distingue ni excluye expresamente esta posibilidad. No hay que buscarlos
a priori, ellos vendrán, dinero llama a dinero. Donde la Ley no
distingue, no cabe distinguir (viejo adagio del Derecho Romano): lo que
la ley no impide ex profeso, se entiende, por tanto, admitido.

Por ello no es casual ni arbitrario que, al alimón de cocerse ésta Ley y
en cuanto estuvo servida, 44 prominentes personalidades de EEUU
propusieran por Carta al presidente Obama suprimir y flexibilizar las
medidas coativas del embargo; de igual modo, directivos de alto nivel de
la Cámara Federal de Comercio de EEUU y varios empresarios de ése país
viajasen a Cuba para alabar las bondades de su legislación y promover la
inversión norteamericana, y criticar las restricciones legislativas de
la ley Helms-Burton referentes al embargo; y Hillary Clinton diga en sus
últimas memorias —focalizadas en su posible nominación presidencial
Demócrata— que propuso a Obama suprimir el embargo para restarle a los
Castro motivos para seguir obstaculizando la democracia en Cuba. Todos
los money lobbies están en movimiento. Y esa pista nunca ha fallado en
la historia. Y cabría preguntarse: ¿Dónde están los derechos humanos,
sindicales, laborales, empresariales de los cubanos que viven en la Isla
—con capital propio— y que quieren ser empresarios en su propio país?

En cuanto a los cubanos que residen en la Isla, el texto aprobado por la
Asamblea Nacional excluye explícitamente la posibilidad de que puedan
realizar inversiones como personas naturales los cubanos de dentro de
Cuba, lo que afectaría a los cuentapropistas, incipiente y maltratado
empresariado nacional. Como “inversionista nacional” define la Ley
188/2014 solo a una “persona jurídica de nacionalidad cubana, con
domicilio en el territorio nacional, que participa como accionista en
una empresa mixta, o sea parte, en un contrato de asociación económica
internacional”. En este caso, podrían verse beneficiadas las
cooperativas, sean éstas agrícolas o no, pero deberían, de algún modo
tener la condición de “mixtas” o de asociación económica internacional
(en ambos casos, de capital foráneo). La clave de exclusión sigue siendo
ésta: una persona física o natural, incluso jurídica, cubana residente
en Cuba, sin capital extranjero o asociado con extranjero, no es
considerada un inversionista nacional.

Esta nueva Ley no es una casuística normativa que se saca de la chistera
el régimen castrista. Todo lo contrario: es un triple juego
político-legal que pivota sobre tres postulados de supervivencia
estratégica: que Cuba supere la dependencia de los recursos petrolíferos
y financieros venezolanos; que Cuba reconduzca su fracasado e inoperante
sistema económico socialista hacia un sistema de economía de mercado
estatista-tutelado, principal reforma raulista en la materia, donde la
inversión extranjera sea un motor revulsivo, sin las trabas y limitantes
de la pretérita Ley 77/95; y que Cuba, en doble jugada estratégica, abra
su economía al inversor cubanoamericano (no contestario ni hostil al
sistema político imperante) y que, al mismo tiempo, ponga en tela de
juicio e invalide, con su “libre derecho a invertir”, la aplicación
directa de las medidas persuasivas y coactivas del embargo de EEUU,
haciéndolo inviable de facto, y por tanto, leit motiv para su supresión
de iure a fin de que también entren los inversores norteamericanos,
afines a la Cámara Federal de Comercio de EEUU y al libre comercio per
se. En otras palabras, el nuevo diseño económico, en tanto que también
político, pretende ser un mix entre el modelo chino y el vietnamita,
aderezado con una fuerte dosis de control político interno “a la cubana”
que impida un capitalismo nativo interno, apabullante y sin complejos,
que ponga en peligro la estabilidad y preeminencia del régimen comunista
y de su partido único. Todo ello, al menos, hasta que desaparezca, como
solución natural, la generación que hizo la revolución de 1959.

Una ley lampedusiana

Pero la Ley 188/2014 es también lampedusiana: intenta cambiarlo todo
para que todo siga igual. De tal guisa que el Sr. José Luis Toledo
Santander, presidente de la Comisión Permanente de la ANPP, responsable
de los Asuntos Constitucionales y Jurídicos de ésta, en entrevista
concedida al periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista,
dijo rotundamente que: “el proceso de inversión extranjera se lleva
adelante sin que el país renuncie a su soberanía y al sistema político
social escogido: el socialismo. Esta nueva Ley permitirá orientar mejor
la inversión extranjera de modo que responda a los mejores intereses del
desarrollo nacional, pero no hay concesiones ni retrocesos”. En otras
palabras: habrá capitalismo de Estado solo para los inversores
extranjeros y comunismo para los cuentapropistas nacionales (que en
ningún caso podrán ser considerados, siquiera, empresarios ni inversores
nacionales al amparo de esta Ley); el modelo político es intocable. La
moneda y el pasaporte seguirán definiendo, por tanto, a la persona y al
empresario. Los cubanos de la Isla tendrán que seguir esperando.

La mayor polémica —o novedad, depende el ángulo visor— es que, por
primera vez, esta Ley deja abierto un “cajón de sastre” para encuadrar
la opción de que un inversor extranjero pueda ser un cubano de origen
que haya adquirido otra nacionalidad o actúe, a efectos de inversor,
como “extranjero” (domicilio y capital fuera de Cuba). Esto viene
propiciado por la definición genérica que da la norma a la figura del
inversor; a saber: una “persona natural o jurídica, con domicilio y
capital en el extranjero, que participe como accionista en una empresa
mixta o participe en una empresa de capital totalmente extranjero, o
figure como parte de un contrato de asociación económica internacional”.
Pero es más, si nos atenemos estrictamente al texto, ni siquiera a ese
inversor de origen cubano se le exige ser nacional de otro país, sería
suficiente con que probase que su domicilio y su capital estén ubicados
en el extranjero. Queda aparentemente diáfano, pues, a quién apunta esta
nueva opción inversora. Y, por oposición, a quien excluye.

No obstante, como toda Ley de rango tutelar, de corte administrativista
y discrecional aplicada en Cuba, y que no cambia lo estipulado por la
anterior, las autoridades de la Isla se siguen reservando la posibilidad
de decidir si la inversión les interesa o no, principalmente, si detrás
puede haber un inversor de origen cubano que cuestione o discrepe
frontal y activamente contra el sistema sociopolítico imperante en la
Isla. Es muy dudoso, por tanto, que éste tipo de inversor sea
“autorizado”. Por consiguiente, esta criba no definida en la norma
quedará en el rango del subjetivismo selectivo de quien tiene la última
palabra, al autorizar administrativamente al inversor extranjero.

Nuevos y viejos vericuetos

No cabe duda que la Ley 188/2014 es un cambio de actitud hacia el
inversor capitalista extranjero por parte del gobierno de Raúl Castro
que, además del efecto llamada antes dicho, debe dotar de credibilidad y
confianza el ánimo potencial del inversor foráneo. La anterior Ley 77/95
tenía los corsés propios de “un-quiero-y-no-puedo” surgido ante la
debacle del CAME y de la ex Unión Soviética, con muchos altibajos (la
mitad de las inversiones de la última década se han marchado, o
simplemente han quebrado) y que con el Decreto Ley 50 de Febrero de 1982
—primera Ley de Inversión Extranjera que se aprobó en Cuba— se hacía
insuficiente relanzar la economía ante la pérdida irrevocable de los
subsidios del “campo socialista europeo” al entrar la década de los 90
del pasado siglo XX. Ahora, visto que no hay marcha atrás en aquellos
derroteros, y que la economía cubana es el peor desastre de su rubro
nacional, con el riesgo del colapso económico venezolano, la cara
aperturista de la Nueva Política Económica raulista debe tener un amparo
legal, como reclamó en varias ocasiones el General-presidente a sus
legisladores en la ANPP.

Probablemente el mayor atractivo de la Ley es su flexibilidad impositiva
o tributaria, siempre en comparación con la anterior legislación citada.
De este modo, establece la exención del pago del impuesto sobre los
ingresos personales a los inversionistas foráneos. En línea similar,
para inversionistas extranjeros y nacionales (éstos últimos siempre
personas jurídicas, dentro de lo que se incluye a las cooperativas)
propone un tipo impositivo del 15% sobre las ganancias, la mitad del
impuesto anterior. Los beneficios fiscales no se aplicarán, sin embargo,
para las inversiones extranjeras en la explotación de recursos
naturales, sean éstos renovables o no, que deberán pagar impuestos sobre
las ganancias de hasta un 50 por ciento. Ésta discriminación tributaria
es un craso error del legislador, la tabla impositiva si quiere ser
buena y atractiva, tiene que ser única y siempre a la baja. Un sector
con tasa in crescendo fiscal no atrae, detrae. Máxime cuando esto
afectaría por ejemplo a los sectores claves para atraer al inversor
extranjero: la investigación y extracción de petróleo, la industria
minero-metalúrgica, la azucarera, las energías renovables, etc.

Asimismo, promete “plena protección y seguridad jurídica” al inversor,
lo que sin Tribunales de Justicia independientes, profesionales y libres
(apolíticos), es un eufemismo literario en la norma. La nueva Ley
mantiene que las inversiones podrán ser expropiadas “por motivos de
utilidad pública o interés social”, como establecía la anterior ley
77/95, aunque bien es cierto que prometiendo que se les indemnizará
económicamente en el caso de que tal supuesto se produzca. Asimismo,
sigue sin modificar el criterio de contratación laboral al estipular que
los trabajadores cubanos deberán ser contratados a través de una agencia
empleadora estatal. De este modo, el gobierno cubano viola o incumple,
al menos, varios tratados internacionales que ha suscrito en materia de
declaraciones sobre el trabajo aprobadas por la Organización de Naciones
Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la citada nueva ley, el legislador excluye expresamente del ámbito de
la inversión foránea los sectores de servicios de salud y educación, y
las instituciones armadas, “salvo el sistema empresarial de estas
últimas”. Esto es, se podría tomar participación accionarial dentro de
GAESA, gran conglomerado cuasi-privado que gestiona y administra con
cierto éxito, desde el Ejército, muchos sectores económicos: turismo y
hostelería, aviación comercial, almacenes-logísticos, transporte,
marinas deportivas, campos de golf, etc. No obstante, ya la Ley 77/95
admitía la opción de participación público-privada en la co-gestión de
centros de salud especializados en turismo sanitario, por medio de
empresas mixtas de capital cubano y extranjero.

Para el economista y profesor Elías Amor Bravo, en declaraciones a
DIARIO DE CUBA, esta Ley es muy limitada en su proyección hacia el
inversor interno, y afirmó que: “a ellos les interesa que se invierta en
el turismo, la minería y la biotecnología (…) Al margen de eso, no hay
muchas más actividades en Cuba que puedan ser interesantes para la
inversión extranjera”. En las modalidades de inversión, el Gobierno
excluye, por ejemplo, fórmulas como las franquicias, utilizadas por
cadenas de restaurantes y moda, entre otros. “Es un marco muy
restrictivo (…) y que no supone ninguna ventaja para los cubanos”
advirtió Amor.

Lo más oscuro

Sin embargo, la ley tiene un sesgo generalista que bien vale la pena
considerar, ya que deja entrever la permisión inversora en “actividades
que no afecten la defensa, la seguridad nacional, el patrimonio de la
nación y el medio ambiente”. Es decir, con respecto a la Ley 77/95 solo
excluye “sectores que, por mandato constitucional, quedan exentos, como
son los medios de comunicación”; de este modo se sobreentiende que todos
los demás sectores de la economía, incluyendo algunos medios
“fundamentales de producción” podrían ser objeto de posicionamiento por
inversores extranjeros, para su privatización. De darse, cambiaría
diametralmente el modelo jurídico-económico de la propiedad que en su
día se definió en el Código Civil y en la Constitución, aún, con la
reforma que se hizo en dicha categoría definitoria cuando se aprobó la
derogada Ley 77/95, toda vez que con esta nueva Ley 188/2014, el
inversor extranjero puede ser íntegramente el único propietario de la
inversión ejecutada.

Los dos aspectos más oscuros de esta Ley, que si bien mejora la anterior
tampoco es suficiente, son los siguientes:

1) Reitera idénticos criterios que la Ley 77/95 en cuanto a las
restricciones existentes para los inversores extranjeros respecto a la
falta de libre contratación de mano de obra, la cual tendrá que
realizarse de forma indirecta a través de “entidades empleadoras” del
Estado, como se viene haciendo hasta ahora. En igual sintonía, el pago
libre de salarios quedará también limitado por un control de cambio
específico que regirá en la zona franca del Mariel (La Habana). De ese
modo, la tasa de cambio discriminatoria entre las dos monedas de la
Isla, el peso cubano (CUP) por un lado, y el peso convertible (CUC) por
otro, será inferior al oficial y aminorará los sueldos desembolsados en
CUP para los trabajadores cubanos en dichas empresas extranjeras o de
capital mixto.Dicho de un modo simple: La Ley 188/2014 no reconoce el
derecho de los trabajadores para negociar directamente el salario con
los empleadores extranjeros, lo que implica una doble explotación por la
agencia empleadora y por la empresa extranjera. Y, consecuencia, viola e
incumple los Tratados y Acuerdos de la OIT de los que Cuba es
signataria. Estos derechos, tampoco son reconocidos por el nuevo Código
del Trabajo aprobado en 2013 (deroga al de 1984), que incluye a los
trabajadores por cuenta propia pero que no autoriza la libertad
sindical; no recoge tampoco el derecho de huelga como se reconoce en los
instrumentos jurídicos de la OIT y que se refrendó en la última
Constitución democrática cubana de 1940, y obviados por las nuevas leyes
aprobadas a partir de 1959. En consecuencia, ésta nueva Ley no entra de
plano a enmendar los derechos limitados y conculcados de los trabajadores.

2) La nueva ley tampoco permite el arbitraje internacional de disputas,
como se podía hacer con la anterior legislación, lo cual aboca al
inversor a vérselas directamente en los Tribunales de Justicia cubanos,
lo cual, como es sabido, no basta con tener la razón y saberla defender,
sino que dependerá todo del sesgo político-legal que se aplique por el
Juzgador al caso sometido a su jurisdicción procesal.

En resumen, ningún país democrático serio, respetuoso de los derechos
humanos, necesita una Ley de Inversión Extranjera para promover las
inversiones foráneas en sus predios. Al menos, si la hacen, en ningún
caso implica demeritar los derechos propios de los inversores del país
ni de sus trabajadores, siempre en igualdad de oportunidades. Ni tampoco
se les ocurre minusvalorar a los inversores internos nacionales en pro
de los de fuera; más bien todo lo contrario, se les prioriza y facilita
todo cuanto necesiten para crecer empresarialmente. A las democracias
occidentales les basta su legislación nacional propia, igual para todos,
con el fin de facilitar toda clase de inversiones sean internas o
externas, y no se hacen leyes ad hoc para extranjeros, donde, quizás, y
solo por ser extranjero el inversor, se les faciliten algunas
tramitaciones de orden legal o burocrático: el VAT-VIES en la Unión
Europea para impedir la doble tributación; facilitad en el retorno de
los productos del capital; rápida creación de empresas; libertad
electiva en la domiciliación de sociedades donde se tenga mejor
consideración tributaria; deducciones fiscales; libre contratación de
personal, laboral y directivo facilitando bonus sociales de domicilios y
agrupaciones familiares, respetando el pago íntegro de los salarios
mínimos interprofesionales y beneficios sociales marcados en la
legislación interna, incluyendo los sindicales; etc. No existe la
discriminación legislativa ni activa ni pasiva. Por ello, y en aras de
un avance cierto, si Cuba ratificara e implementara en su legislación
interna los dos Pactos suscritos por ella en Nueva York el 28 de Febrero
de 2008 sobre Derechos Civiles y Políticos, y el de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, se estaría gestando y propiciando,
precisamente, el marco jurídico necesario para que la Ley 188/2014, y
otras tantas, tenga y sea realmente una garantía de respeto y seguridad
jurídicas que necesita cualquier inversor extranjero. De lo contrario,
se seguirá arando en el mar, con las mismas premisas de inseguridad y
falta de estabilidad y respeto en el orden legal, tan necesarias no solo
para el éxito de cualquier empresa, sino también para la salvaguarda y
garantía de todos los derechos de los cubanos de disfrutar y poseer,
como sujetos activos, la riqueza nacional de su país.

Source: Un canto de sirenas | Diario de Cuba –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1402419687_8981.html

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